La Ley 20.959, viene a completar el vacío histórico en la protección de los derechos de directores y guionistas de audiovisuales. También se le denomina Ley Ricardo Larraín debido al permanente trabajo realizado por dicho director, en beneficio del derecho de autor de los creadores audiovisuales. A través de este cuerpo legal, publicado el 29 de octubre de 2016, se extiende la aplicación de la Ley 20.243, a los autores audiovisuales permitiendoles percibir una remuneración de parte de quienes comuniquen públicamente ese tipo de obras.